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La forma en la que las Administraciones Públicas compran bienes y servicios ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no se trata únicamente de conseguir bienes o servicios al mejor precio, sino de aprovechar la capacidad de comprar para mejorar los servicios públicos, e impulsar soluciones que beneficien a toda la sociedad. En este contexto de cambio, la innovación ha pasado a ocupar un papel esencial como motor de cambio. Aunque la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) incorpora la regulación de la Compra Pública de Innovación, principalmente a través del procedimiento de asociación para la innovación y el diálogo competitivo, lo cierto es que su origen en España se remonta al año 2011. Desde entonces, se han impulsado diversas iniciativas con el objetivo de consolidar la CPI como una herramienta para modernizar las Administraciones Públicas y fomentar la innovación.

La Compra Pública de Innovación, conocida como CPI, consiste en que las Administraciones no se limitan a comprar lo que ya existe en el mercado, sino que van un paso más allá y buscan promover el desarrollo de nuevas soluciones. Esto quiere decir que las Administraciones Públicas van a poder colaborar con empresas, centros de investigación y/o tecnológicos o universidades para que desarrollen productos, servicios o tecnologías que aún no están disponibles, pero que pueden resolver problemas importantes, como la transformación digital, la mejora de la eficiencia energética, el envejecimiento de la población, la atención de la salud, o cualquier otra necesidad social relevante. En lugar de limitarse a comprar lo que ya está disponible, se apuesta por promover soluciones nuevas e innovadoras.

La CPI permite a las Administraciones Públicas mejorar la calidad de los servicios que están obligadas a prestar, adaptarse mejor a las necesidades de la ciudadanía y utilizar los recursos públicos para generar productos innovadores. Desde el punto de vista empresarial, es una buena oportunidad para que puedan desarrollar ideas innovadoras, probarlas en un entorno real y posicionarse mejor en el mercado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Aplicar este tipo de contratación no es sencillo, ya que requiere planificación y coordinación. Es habitual efectuar consultas preliminares de mercado antes lanzar procedimientos de CPI, y estar dispuestos a asumir ciertos riesgos. La innovación, por definición, implica explorar caminos nuevos, con todas sus consecuencias. Aunque no se trata de procedimientos nuevos, lo cierto es que representan un porcentaje reducido de los procedimientos de contratación.

A pesar de estas dificultades, cada vez hay más Administraciones que apuestan por utilizar los procedimientos previstos para la CPI. La finalidad principal no es solo comprar, sino transformar, porque ven que la CPI no solo resuelve necesidades concretas, sino que abre la puerta a nuevas formas de trabajar, de colaborar y de pensar y avanzar hacia el futuro. Asimismo, la CPI bien gestionada puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para satisfacer necesidades y dar respuesta a los problemas habituales de la sociedad.

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), está apostando por la Compra Pública de Innovación (CPI) para mejorar los servicios públicos y apoyar a las empresas, con el fin de, a través de la investigación, encontrar soluciones nuevas.

En definitiva, la CPI no debe verse únicamente como un procedimiento contractual para satisfacer necesidades, sino como una apuesta firme por construir una Administración Pública más moderna, eficaz y comprometida con las necesidades reales de la ciudadanía. La CPI ofrece la oportunidad de incorporar soluciones nuevas que mejoren la forma en que se prestan los servicios públicos y respondan mejor a los retos actuales. En lugar de mantener la innovación como algo puntual o excepcional, se trata de integrarla en el día a día, haciendo que forme parte del funcionamiento habitual de las instituciones.